Los astilleros añadirán a la demanda interpuesta contra Holanda por su 'tax lease' otras que ya están preparadas contra los sistemas fiscales de Francia y Polonia
El rechazo del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, a anular la decisión de obligar al sector naval español a devolver 2.800 millones de euros en ayudas fiscales recibidas entre los ejercicios 2005 y 2011 ha abierto la caja de los truenos y amenaza con una oleada de demandas judiciales. De confirmarse el miércoles el borrador que obliga al reembolso de la subvención, el sector naval español llevará a cabo acciones legales contra los comisarios Almunia y Nellie Kroes, actual responsable del área de Innovación y antecesora del español al frente de Competencia. Argumenta el sector que la carta que Kroes envió en 2009 a una ministra noruega asegurando que el sistema de 'tax lease' español no presentaba elementos de «discriminación» para el conjunto de empresas europeas es la punta del iceberg de una larga negociación que las autoridades españolas han llevado a cabo en los últimos meses con los responsables europeos de Competencia y Transportes para tratar de evitar la devolución de las ayudas. Según fuentes del sector naval, los astilleros disponen de abundantes pruebas documentales de la citada negociación que ya habrían puesto a disposición de los servicios jurídicos de la CE, dirigidos por el también español Luis Romero Requena.
Seguridad jurídica
En la carta de Kroes los armadores Noruegos encontraron la seguridad jurídica necesaria para contratar barcos en España. Pero, ahora, tanto Almunia como los servicios jurídicos de la Comisión Europea (CE) le restan validez jurídica a dicha misiva, pese a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, fechada en noviembre de 2010 (asunto C-322/09P), equiparó como decisión de la Comisión Europea una misiva parecida. En concreto, otra carta escrita por un director general del Ejecutivo comunitario -cargo inferior a un comisario- a los de la propia Comisión Europea. «Carece de pertinencia que dicho acto -en referencia a la carta- no sea designado como «decisión»», señala la sentencia.
De confirmarse el borrador, el sector naval entiende, por un lado, que se firmaría una resolución contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y, por el otro, discriminatoria y contradictoria con el criterio que aplicó la comisión en 2006 para resolver una denuncia contra el sistema fiscal de Francia. Además, supondría un trato discriminatorio para los inversores frente al resto de operadores, astilleros y armadores. Gobierno, empresas y sindicatos coinciden en que «penalizar» a los inversores y a los bancos en la actual situación de profunda crisis económico, supondría la huida de los inversores hacia otros sectores industriales.
Las demandas contra Almunia y Kroes no serán las únicas que se pongan en marcha. La denuncia sistemática entre países por las ayudas del 'tax lease' se ha convertido en un arma comercial más. El Ejecutivo comunitario, tras una investigación iniciada en 2005, declaró ilegal el sistema que venía aplicando Francia, pero no le exigió devolver las cantidades deducidas. Después fueron los holandeses, con el agua al cuello por la competencia de los astilleros españoles, los que denunciaron a España por el uso de posibles ayudas contrarias a las leyes comunitarias. España no tardó en sumarse a esta pelea querellándose contra Holanda.
En las próximas semanas, los astilleros españoles añadirán a esa demanda otras que ya tiene preparadas contra Francia y Polonia, según anunciaron ayer fuentes del sector naval. Y mientras se libra esa guerra, China y Corea del Sur absorben cada vez más pedidos y acaparan ya el 70% del mercado mundial. Desde que la industria española está bajo lupa, sus astilleros han perdido 50 contratos, que han ido en su gran mayoría a las fábricas de los países denunciantes.
Fue a finales de los noventa cuando España y otros socios comunitarios alzaron la voz ante Bruselas. Mientras la UE prohibía toda subvención a la industria naval, los grupos coreanos usaban el dinero que recibían del FMI para su reestructuración, y que exigía cerrar gradas, para sufragar esas ventas con pérdidas. La Comisión Europea eliminó entonces esas ayudas directas, pero permitió que cada país concediese incentivos fiscales a su naval, y así cada Estado fue implantando su propio 'tax lease', un sistema por el que grandes empresas como El Corte Inglés e Inditex financian a un armador la compra de un buque a un astillero de ese país. La compañía, a cambio, se aplica esa deducción fiscal.
